miércoles, enero 22, 2025
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Caso Copito: acusan a taquero de arrojar aceite hirviendo a perrito en Nuevo León


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Un taquero en el municipio de Apodaca, Nuevo León, es acusado de arrojar aceite hirviendo a un perro, llamado Copito, el cual falleció tras el ataque. Este jueves, un grupo de personas se manifestó en dicho municipio para exigir que las autoridades detengan al responsable; reportes extraoficiales afirman que está prófugo y abandonó su casa. 

De acuerdo con los primeros reportes, el perro sólo se acercó al puesto para pedir comida y fue ahí cuando este sujeto le aventó aceite hirviendo. El can falleció a causa de las heridas que le ocasionaron; a los restos se les practicará una necropsia para determinar el daño que sufrió por este acto de crueldad animal. 

César Garza Arredondo, alcalde de Apodaca, anunció que el permiso del negocio ya fue revocado y el puesto retirado, «también damos seguimiento por la vía jurídica para que el caso no quede impune. El responsable está identificado y se iniciará un proceso legal en su contra». 

El mismo alcalde anunció que se buscan testigos y videos para robustecer la denuncia en contra del responsable. En redes sociales, las personas difundieron la supuesta dirección del agresor; hasta ahora no hay reporte oficial de que la persona señalada haya sido detenida por estos hechos. 

¿Cuál es la pena por matar a un perro en Nuevo León? 

El Código Penal del Estado de Nuevo León, en su artículo 445, establece que las penas por causar la muerte de un animal doméstico van de los seis meses a los tres años de prisión, aparte de que a las personas se les puede imponer una sanción que va de 200 a 300 cuotas. 

Asimismo, las personas sentenciadas por maltrato o muerte de animales de compañía perderán la custodia que tengan sobre sus propias mascotas, también quedarán inhabilitados para laborar en cualquier centro de trabajo que involucre el trato con animales. Otras sanciones son recibir tratamiento psicológico o realizar trabajo comunitario. 

En el caso de que la agresión sea cometida por un funcionario público, quedará inhabilitado del cargo y además deberá de cumplir la pena de prisión que se establezca en el debido proceso. 

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