Escrito en MUNDO el
Un juez federal de Seattle bloqueó el jueves la aplicación por parte del gobierno del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de «descaradamente inconstitucional».
El juez federal John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración aplicar la orden, que el presidente republicano firmó el lunes durante su primer día en el cargo.
«Es una orden descaradamente inconstitucional», dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
La orden ya se ha convertido en objeto de cinco demandas por parte de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que la califican de violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.
Coughenour enfatizó que tiene una trayectoria de 40 años, en los que no ha visto una orden inconstitucional como la del presidente Trump.
«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», dijo el juez, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).
Ciudadanía por nacimiento: 22 estados de EU se unen contra cancelación de Trump
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El decreto de Trump – firmado por el republicano horas después de asumir su puesto el lunes – dictamina que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal»-como una visa de trabajo – no podrán obtener la ciudadanía.
En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
En total 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. En un primero momento 18 estados interpusieron su denuncia el martes y ese mismo día otros cuatro estados pidieron a la corte federal que su orden no fuera aplicada.
La decisión de Coughenour está relacionada con esos últimos cuatro estados y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalló el diario The Seattle Times.
